La Argentina tomó, en las últimas dos semanas, una serie de decisiones contradictorias con respecto a Nicaragua. Primero, el gobierno de Alberto Fernández se abstuvo en una votación de la Organización de Estados Americanos para condenar la detención de candidatos opositores en aquel país. Ayer parecía que habían cambiado de posición. El gobierno nacional llamó a su embajador en Nicaragua para que realice un informe sobre las violaciones a los derechos humanos.

Hoy esta historia tuvo dos nuevos giros. La Argentina, por un lado, no firmó una declaración de la ONU exigiendo elecciones libres y justas en Nicaragua. Horas después, sin embargo, el gobierno de Fernández decidió respaldar el informe sobre violaciones a los derechos humanos en Nicaragua de Michelle Bachelet, que contiene exigencias similares.

Bachelet exigió que el régimen de Ortega libere a los candidatos presidenciales detenidos, y les permita participar en elecciones libres. La expresidenta de Chile declaró: "Desde mi último informe el pasado 23 de febrero, mi oficina ha observado un preocupante deterioro de derechos humanos, que alejan la posibilidad de que se pueda elegir libremente en las elecciones".

Agregó: "Lamentablemente, no se ha dado cumplimiento a la casi totalidad de las recomendaciones que hizo mi oficina. La crisis se ha agudizado de manera alarmante". Además, Bachelet reclamó: "Llamo al gobierno a un cambio urgente, que implica liberar de inmediato a los detenidos y derogar la legislación restrictiva del espacio democrático. Reitero que es urgente que se autorice el regreso de mi oficina en Nicaragua".

La declaración, de la que Argentina no participó, la firmaron 59 países, entre ellos Chile, Ecuador, Perú, Paraguay, Colombia, Costa Rica y Brasil. Esta condena la violación a los derechos humanos en Nicaragua, y exige al gobierno de Ortega a realizar elecciones libres. Además, reclama por la liberación de los candidatos opositores que fueron arrestados en los últimos días. México, que viene acompañando a la Argentina en su política exterior con respecto a Nicaragua, tampoco firmó.

Instamos al Gobierno a cesar el acoso a periodistas y defensores de los derechos humanos y a permitir que las organizaciones de la sociedad civil operen en entornos seguros y propicios, sin temor a represalias".

La proclama firmada por los 59 países dice: “Compartimos las preocupaciones de la Alta Comisionada sobre Nicaragua, incluyendo la persistente impunidad de las violaciones de derechos humanos desde abril de 2018 y los continuos informes de detenciones arbitrarias. El Gobierno debe garantizar la protección de los derechos humanos y hacer rendir cuentas a los responsables. Instamos al Gobierno a cesar el acoso a periodistas y defensores de los derechos humanos y a permitir que las organizaciones de la sociedad civil operen en entornos seguros y propicios, sin temor a represalias”

La disolución arbitraria de partidos políticos y los procesos penales contra múltiples aspirantes a la presidencia y disidentes son especialmente preocupantes. Pedimos su inmediata liberación".

El documento continúa: “Estamos preocupados por el hecho de que el Gobierno no haya implementado reformas electorales significativas antes de la fecha límite de mayo de 2021 fijada por la Organización de Estados Americanos (OEA) y respaldada por este Consejo en marzo. Nos preocupa profundamente que las leyes recientemente promulgadas restrinjan indebidamente la participación política, la libertad de expresión, de reunión pacífica y de asociación. La disolución arbitraria de partidos políticos y los procesos penales contra múltiples aspirantes a la presidencia y disidentes son especialmente preocupantes. Pedimos su inmediata liberación”.

Los nicaragüenses merecen unas elecciones libres y justas mediante un proceso transparente y creíble, y una solución pacífica a la crisis sociopolítica del país".

“Es probable que estas medidas impidan la celebración de elecciones libres y justas en Nicaragua este noviembre. Instamos a Nicaragua a que se comprometa con la comunidad internacional, a que aproveche la asistencia técnica, a que permita la presencia de observadores electorales internacionales y a que restablezca el diálogo y renueve la confianza en la democracia. Los nicaragüenses merecen unas elecciones libres y justas mediante un proceso transparente y creíble, y una solución pacífica a la crisis sociopolítica del país” concluye la declaración.

Las naciones que firmaron son: Albania, Alemania, Australia, Austria, Bélgica, Brasil, Bulgaria, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Croacia, Chipre, República Checa, Dinamarca, República Dominicana, Ecuador, El Salvador, Estonia, Finlandia, Francia, Georgia, Grecia, Guatemala, Guyana, Haití, Hungría, Islandia, Irlanda, Italia, Japón, Letonia, Liechtenstein, Lituania, Luxemburgo, Malta, Marshall Islands, Mónaco, Montenegro, Marruecos, Países Bajos, Nueva Zelanda, Macedonia del Norte, Noruega, Panamá, Palau, Paraguay, Perú, Polonia, Portugal, Corea del Sur, Rumania, Eslovaquia, Eslovenia, España, Suecia, Suiza, Gran Bretaña y Estados Unidos.