El ministro de Justicia y Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires, Marcelo D´Alessandro, explicó que el pasado jueves no habían vallas alrededor del Congreso porque "la misma vicepresidenta ha solicitado que no se pongan".
El funcionario, de todos modos, aclaró que "las vallas no hubiesen impedido que llegaran los piedrazos" y apuntó hacia los grupos que hacen uso de la violencia como modo de protesta. "Los mismos que tiraron piedras y bombas molotov ahora, que son del Movimiento Teresa Rodríguez (MTR), tiraron más de 10 toneladas a la Policía de la Ciudad en 2017 (...) En ese momento la violencia fue funcional", dijo.
Para D´Alessandro, la mayor complicación en los dispositivos de seguridad es diferenciar a las personas que utilizan la violencia de las que no. "Había más de 15 mil personas y es difícil diferenciar, porque además de ser violentos son cobardes y se mezclan entre las personas que se manifiestan de manera legítima. La Policía tardó 18 minutos en establecer una estrategia que evitara una estampida".
Había más de 15 mil personas y es difícil diferenciar, porque además de ser violentos son cobardes y se mezclan entre las personas que se manifiestan de manera legítima.
En conversación con Radio Con Vos, D´Alessandro aseguró que "la investigación se está haciendo y los pondremos a disposición de la justicia, no sólo por los daños materiales hechos al Congreso y lo que significa el ataque a la oficina de la vicepresidenta, sino porque también lanzaron bombas molotovs para prender fuego a policías. Eso un claro intento de homicidio".
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E interpeló a todas las fuerzas políticas a tomar una posición en este tema: "Lo que hay que definir es de qué lado estamos. De los violentos o de los que no lo son. La gente tiene que señalar a estos grupos de personas, señalarlos y sacarlos de la plaza, sacarlos de la política".
Más temprano, D’Alessandro había adelantado en una conferencia de prensa celebrada en el Centro de Monitoreo Urbano que este viernes, cuando se discuta el acuerdo en el Senado, el gobierno porteño va a “vallar y usar la fuerza para garantizar el desarrollo del Congreso, que es uno de los pilares de la democracia”.
