La desaparición de Loan Peña y el curso que tomó la investigación, combinado con el tratamiento institucional del caso, puso en evidencia el vaciamiento del las políticas públicas cuyo fin es combatir la trata de personas que impulsó el Gobierno desde su asunción.
El curso de la investigación por la desaparición de Loan Peña (5), el nene que salió a buscar naranjas al monte en el Paraje Algarrobal, Corrientes, junto a familiares y amigos de la familia y nunca volvió cambió y tiene nuevas hipótesis tras la declaración de Laudelina Peña, su tía, que aseguró que el niño fue atropellado por Carlos Pérez, el excapitán de navío y marido de la funcionaria municipal Victoria Caillava.
Mientras se suman nuevas voces, queda en la superficie y a la vista que el caso fue tratado erróneamente desde el principio, según especialistas, hecho por el que incluso quedó detenido el comisario del pueblo, 9 de Julio, Walter Maciel. Maciel estuvo a cargo de las primeras horas de búsqueda de Loan y los protocolos que activó no se condijeron con lo que debía llevarse a cabo en esos casos.
Según Gustavo Vera, director de la fundación La Alameda, lo que se hizo "fue todo lo contrario a lo que establece el protocolo de búsqueda de personas [...] cuando desaparece una persona, se abren múltiples hipótesis, pero vos tenés que encuadrar la investigación desde la hipótesis más severa, que puede ser secuestro o trata de personas con fines de explotación a la más amena, que es extravío", en diálogo con Jairo Straccia en Radio Con Vos.
Maciel lo caratuló como extravío en lugar de como trata y dirigió un operativo de rastrillaje por las zonas aledañas para encontrar a Loan, pero la alerta amarilla se activó días después, al igual que la alerta Sofía, que moviliza fuerzas y recursos federales y ordena la intervención de las fronteras.
Después, intervino el Ministerio de Seguridad y la ministra Patricia Bullrich se dirigió a Corrientes para dirigir a las fuerzas en la búsqueda de Loan Peña, que ya lleva 18 días desaparecido. Pero, al mismo tiempo, el Gobierno dejó un vacío que repercutió directamente en la pregunta por el correcto funcionamiento de los organismos y programas dedicados a prevenir y perseguir la trata de personas con fines de explotación.
Sucede que, entre marzo y abril, se despidieron a los representantes provinciales del Comité Nacional de la Lucha contra la Trata, en primer lugar. Además, el programa de Rescate y acompañamiento a víctimas del Ministerio de Justicia recibió casi un 90% menos de presupuesto que el mismo período pero del año pasado. A esto se suman los despidos en el Programa Nacional de Rescate y en la Línea telefónica 145; que, además de también sufrir recortes de presupuesto, tiene como agregado que la falta de recursos humanos hace inviable abarcar de manera total la asistencia a víctimas, por la gran demanda.
"Con la línea 145 ya había un problema anterior, porque estaba en un 75% de su capacidad operativa. Para poder llegar a todo el país, a tiempo, y que no estuvieran saturadas las líneas, faltaban 45 funcionarios", explicó Gustavo Vera para Perfil.
Además, con el DNU 195 el Comité Ejecutivo y el Consejo Federal para la Lucha contra la Trata de Personas pasó a estar bajo jurisdicción del Ministerio de Seguridad. Meses después, los representantes de las provincias fueron desvinculados, siguiendo la línea de ajuste que impulsa el Gobierno.
Los representantes provinciales coordinaban en mesas interdisciplinarias el trabajo para prevención a asistencia a víctimas de trata. De la coordinación participaban referentes provinciales, municipales, de organizaciones sociales y también de organismos nacionales como los ministerios de Desarrollo Social, de Trabajo, la AFIP, el RENATRE y el SENASA, entre otros, reconstruye Celeste del Bianco para elDiarioAR.
Entre los despedidos, está José María Serbin, el exdelegado de la región Noreste del Consejo, que vive en Corrientes, donde está el foco de la investigación sobre el paradero de Loan. Hasta hace pocos meses era el referente del Estado nacional en la provincia para casos de trata de personas.
"Se despidieron a todos los delegados de las provincias y ahora hay una nueva directora que se subsume a una oficina en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. No hay una representación federal, que es clave porque estás en el terreno, no hay articulación. Nosotros habíamos generado 36 mesas interinstitucionales y eso desapareció”, explicó Serbin.
Así, con el vaciamiento de las políticas públicas, "el caso Loan es un ejemplo de todo el desmantelamiento que se hizo", dice Gabriela Burgos, psicóloga social y exdelegada del Comité Federal en Jujuy.
"Si el organismo hubiese seguido funcionando, el equipo de Corrientes podría haber intervenido y presentado la denuncia a la Protex (Procuraduría de Trata y Explotación de Personas), que automáticamente hubiese tomado el caso y no la Justicia provincial. Ya estaban aceitados los canales, se activaban todos los dispositivos. Nosotros hemos rescatado menores de edad, gracias a estas intervenciones, por ejemplo, con la CNRT (Comisión Nacional de Regulación de Transporte) y Migraciones. Si hoy pasara algo con una víctima extranjera, ¿quién te firma un papel, quién hace el protocolo?", expresa Burgos.
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