La aprobación de la Ley Bases y el paquete fiscal en el Congreso no sólo constituyó el primer triunfo legislativo del gobierno de Javier Milei, sino que también cristalizó en un puñado de artículos una cantidad de beneficios impositivos y fiscales que suponen una verdadera fiesta para las grandes empresas y las personas más ricas de la Argentina.
“Lo más importante es que salga el blanqueo de capitales y el proyecto de reforma de la ley de Bienes Personales”, decía un “wealth manager”, es decir, un administrador de riqueza, en las horas previas a la votación el jueves pasado. Y claro, cuando recorrés qué se convirtió finalmente en ley entendés todo.
En primer lugar, dentro de las reformas fiscales se aprobó lo que todos los especialistas consideran el blanqueo de capitales más generoso de la historia.
Vale recordar: un blanqueo es un programa por el cual se le permite a aquellos que no pagaron impuestos, es decir, evadieron al fisco y le causaron un perjuicio a toda la sociedad, declarar esos fondos con una penalización mucho más baja de lo que hubiera salido pagar en tiempo y forma o ni qué hablar si comparás con las multas y castigos que les hubiera correspondido por no haberlo hecho.
Esta vez se les permite a los que ahora declaren lo que tenían en negro hacerlo sin costo. Es decir, alícuota de 0%, siempre y cuando dejen los fondos en el sistema financiero. De lo contrario, a lo sumo pagan 5%, que para tener una idea es la mitad de lo que era la alícuota más baja del blanqueo de capitales que había llevado a cabo el gobierno de Mauricio Macri en 2016.
A propósito, no se excluye de participar en este blanqueo a quienes ya lo hubieran hecho en regímenes de exteriorización anteriores. Dicho de otro modo, es joda. Te dieron la chance de ordenar tus cuentas hace ocho años, pero después volviste a evadir. O sea, deberías ser alguien mirado de reojo por el fisco porque, “che, te di una mano y me caminaste de nuevo”. Bueno no, acá le dicen, “blanqueá de nuevo pero más barato”.
Según cálculos del senador radical Martín Lousteau, que era embajador en Estados Unidos en el gobierno de Macri, en aquel blanqueo en el que se declararon US$120 mil millones, el 92% de ese monto pertenecía al 0,5% más rico del país. Está claro quién le va a sacar el jugo a esta normativa que implica una resignación de recursos de todo el resto en tiempos en que, recordemos, no hay plata.
Pero eso no es todo. Además de la amnistía impositiva sin igual, el Gobierno consiguió la aprobación de un Régimen Especial de Bienes Personales, el ReiBP. Esto no tiene nada que ver con la actualización del piso a partir del cual paga el impuesto al patrimonio lo que se considera la clase media, que se actualizó de $27 a $100 millones. Acá estamos hablando de un beneficio groso otra vez para el pequeño porcentaje de los más afortunados del país. Presten atención.
Se trata de un mecanismo por el cual quien anticipe el pago del impuesto correspondiente los próximos cinco años (imagínense quién podría hacerlo) pagará una alícuota del 0,45% por año tenga el patrimonio que tenga.
Hoy la alícuota más alta para los que tienen más riqueza puede llegar al 2,25%. El Gobierno le dice ahora “si me anticipás cinco años pagás por cada uno 0,45%”. ¿Cuánto da el total? 2,25%. Es decir, si estabas en el grupo de los que más pagan, pagame lo mismo y te doy por cumplido el pago del próximo lustro. Hay que cerrar el estadio.
Los que accedan a este régimen, además, no tendrán ni siquiera que presentar una declaración jurada por los años 2023, 2024, 2025, 2026 y 2027 y además tendrán estabilidad impositiva, es decir, no se les podrá aplicar ningún incremento en la carga fiscal hasta 2038.
La frutilla del postre es que aquél que hubiera evadido y ahora decide blanquear su patrimonio, también puede ingresar al ReiBP y recibir todos estos beneficios. El “castigo” es que apenas la alícuota del pago anticipado en vez de ser 0,45% es 0,5%. Perdón que te arruine así el domingo justo al final de mes cuando se te acerca el día de pagar el monotributo. Así es la vida.
No pedían tanto
El otro universo de beneficios increíbles en este caso para las empresas que puedan desembolsar más de US$200 millones, es el RIGI, el régimen de incentivos a las grandes inversiones que tuvo cosméticas modificaciones en el Senado y ahora espera por su reglamentación.
Del peronismo al macrismo, había un cierto consenso respecto de que hacía falta algún tipo de mecanismo especial para fomentar la realización de grandes proyectos que pudieran ser estratégicos para el país.
Sin embargo, lo que terminó de plasmarse en el RIGI es un cúmulo de ventajas muy por encima de lo que reclamaban las propias compañías interesadas, en muchos casos multinacionales que venían interesadas en recursos naturales hacía tiempo y estaban en diálogo con distintos gobiernos de turno, con los proyectos de inversión ya elaborados.
Ahora el Poder Ejecutivo acaba de aprobar un programa que le da a quienes se acojan la chance de pagar 25% de Impuesto a las Ganancias versus 35% que rige hoy, no pagar el impuesto a los débitos y créditos bancarios y tampoco pagar nada en caso de girar dividendos a la casa matriz.
Al mismo tiempo también le permite no pagar retenciones a las exportaciones a partir del tercer año, lo que amerita un dato: los proyectos mineros, por ejemplo, recién empiezan a exportar a full pasados los tres años de puesta a punto. Digamos, o sea.
A todo eso se suma la garantía de la estabilidad impositiva por 30 años y también la libre disponibilidad de divisas, es decir, la posibilidad de no venderle al Banco Central ni un dólar de los que generen después de tener todos esos beneficios.
Basta escuchar a Luciano Laspina, quien era el economista de referencia de Patricia Bullrich en la interna del PRO y hoy es diputado por ese espacio, para entender lo exagerado de las ventajas que le están dando a las compañías que adhieran al programa.
Laspina había ideado un proyecto de ley de incentivo a la inversión extranjera que incluía estabilidad por 30 años y libre disponibilidad de divisas, pero en materia impositiva sólo habilitaba la amortización acelerada del Impuesto al Valor Agregado.
Lo había hablado con las principales corporaciones mineras, petroleras, agrícolas y metalúrgicas que tenían proyectos en gateras. Las inversiones se iban a hacer en muchos casos sin ningún programa especial, o a lo sumo con ese combo más modesto. Pero lo que terminó saliendo fue tan tentador que muchos negocios de los que tenían previsto hacerse ya en 2021 o 2022 o 2023 aguantaron para volverse aún más rentables. Otra fiesta.
Ni una
En el Congreso, además, una mayoría muy heterogénea impidió por otro lado que se pusieran bajo revisión los beneficios impositivos que reciben personas o empresas en el renglón del presupuesto nacional que se conoce como “gasto tributario”, es decir, lo que se deja de recaudar por impuestos que no se cobran igual que al resto de los contribuyentes.
El artículo 111 del paquete fiscal fijaba que en un plazo de 60 días el Poder Ejecutivo debía establecer qué parte de esos regímenes especiales levantar por hasta 2 puntos del Producto Bruto Interno.
Según un estudio del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF), que comanda Nadín Argañaraz, el 16% del gasto tributario lo explica el régimen de promoción industrial de la industria electrónica en Tierra del Fuego mientras que un 19% se lo lleva la reducción del IVA para los productos primarios.
Finalmente, no habrá ninguna modificación en ese sentido. En el Senado se opusieron legisladores de La Libertad Avanza, en tanto que en Diputados lo rechazaron representantes de Unión por la Patria, entre otros.
Hasta mayo incluido, según el mismo IARAF, el mayor peso de la reducción del gasto público recayó en las jubilaciones, que acapararon el 31% del total de los recortes que hubo por parte del Estado. Era una buena alternativa para cambiar el reparto del ajuste.
El viernes, a su vez, el Banco Central publicó un salto en la rentabilidad contable de los bancos en abril: en el último año pasó del 9 al 24% del patrimonio, dado que ahora pueden pagarles menos a los ahorristas mientras le cobran más por prestarle al Estado.
La semana que combinó todas estas noticias coincidió con la difusión de los datos referidos al primer trimestre sobre la distribución del ingreso en el arranque de la gestión Milei. El Indec informó un empeoramiento del Coeficiente de Gini, el indicador que mide cuánto más ricos son los ricos que los pobres, como no se había visto nunca en los últimos 16 años.
Quién lo hubiera dicho.
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