Luego de que el fondo Burford Capital hiciera un pedido formal para tomar posesión de las acciones de YPF que posee el Estado, la Argentina presentó argumentos ante la jueza Loretta Preska con el fin de evitar la transferencia de las acciones.
Desde que la jueza Preska, quien tiene a su cargo la causa por la expropiación de YPF, condenó a la Argentina a pagar US$16.000, el fondo Burford, quien posee los derechos de litigio, buscó de diferentes maneras garantizar el cobro dictaminado.
En ese punto, el fondo Burford pidió formalmente que el pago se realizara con el embargo de activos locales y con la transferencia del 51% de las acciones de la petrolera, las cuales están en manos del estado argentino.
Ante ello, cinco abogados de la firma Sullivan & Cromwell, el estudio que representa al país en dicha causa y que sigue los lineamientos del procurador del Tesoro, Rodolfo Barra, hizo una presentación para impedir la embargación de activos y la transferencia de las acciones.
Se trata de cuatro argumentos técnicos. El primero sostiene que una corte foránea no puede obligar a un estado soberano a repatriar activos. Al mismo tiempo sostuvieron que el estatuto de YPF prohíbe la transferencia de las acciones expropiadas sin aprobación del congreso "tanto para las transferencias voluntarias como las ordenadas judicialmente".
Por otro lado, afirmaron que la querella interpretó mal el United States Code, el cual en su apartado 1610 hace referencia a "Excepciones a la inmunidad de embargo o ejecución". También argumentaron que los demandantes "se equivocan" al señalar que el estado argentino utilizó sus acciones de la petrolera para "efectuar el incumplimiento del requisito de oferta pública de adquisición establecido en los estatutos de YPF".
