Ayer, la jueza María Servini de Cubría dictó la falta de mérito para 28 de los 33 acusados por los disturbios alrededor del Congreso el día del debate de la Ley Bases. En su fallo, la jueza dijo quea los detenidos "no se les secuestró ningún elemento compatible con el hecho que se les imputa (máscaras, ondas, piedras, palos, etc)".
Sin embargo, en otra resolución, la jueza procesó con prisión preventiva a cinco personas, las únicas que quedan presas. El delito común a todos es "intimidación pública", que prevé una pena de dos a seis años para quienes "infundan temor público o susciten tumultos o desórdenes" y se agrava con tres a diez años de cárcel si se emplean "explosivos, agresivos químicos o materias afines". Para todos el embargo es de 500 mil pesos.
A Cristian Valiente le atribuyen haber provocado disturbios y tener en su poder una granada militar. Cuando declaró, el hombre de 41 años dijo que la había agarrado del piso para mostrarle a la prensa que las fuerzas utilizaban elementos vencidos, ya que la misma había expirado en julio de 2022. Es decir, era más un aerosol para arrojar gases que un arma de guerra. Y no era de él ni la había usado.
Patricia Daniela Calarco Arredondo, militante del Movimiento Teresa Rodríguez, está procesada por incendiar bicicletas del gobierno porteño. No declaró. En los considerandos, la jueza escribió que se erigió “en un posible alzamiento contra el orden institucional y la vida democrática con el objeto de perturbar de manera temporal el libre ejercicio de las facultades constitucionales”, pero no la procesó por ese delito.
Otro de los detenidos es Facundo Gómez, procesado por haber arrojado piedras contra la policía y eludir el vallado, asi como llamar al resto a hacer lo mismo. Facundo dice que estaba junto a una valla hablando por teléfono con su mamá y que había sacado una foto al Congreso, pero que no se encontraba en ningún lugar prohibido ni atacando a nadie. No hay imágenes de él.
David Sica es un hombre en situación de calle que quería acercarse a un lugar donde le dan de comer cuando lo detuvieron. A él se le aplicó el delito de atentado contra la autoridad e intimidación pública por haber pateado y escupido a la mujer policía Romelia del Carmen Villafañe, provocándole un traumatismo en la pierna izquierda. El último detenido es Roberto María de la Cruz Gómez, acusado de tirarle objetos a la policía y prender fuego tachos de basura.
Es decir, la jueza no los procesó por atentar contra la democracia, como pretende el fiscal Carlos Stornelli, pero en sus considerandos dio por acreditada “una voluntad común, lejos de haber sido espontáneo que respondió a un acuerdo previo y coordinado dirigido a crear temor público y afecta el ánimo de los legisladores y frustrar la sesión” de la cámara de Senadores. Curiosamente aclaró que "algunos hechos no se encuentran en conocimiento del juzgado", entre ellos el incendio del auto de Cadena 3, que todo indica fue protagonizado por infiltrados, y por el que no hay detenidos.
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