María Servini dictó la falta de mérito para 28 de los 33 acusados por los disturbios alrededor del Congreso el día del debate de la Ley Bases. En su fallo, la jueza dijo que "no se les secuestró ningún elemento compatible con el hecho que se les imputa (máscaras, ondas, piedras, palos, etc)".
El proceso judicial se apoya en testimonios de policías que en varias oportunidades dijeron no haber presenciado los hechos que imputan a los manifestantes. Por ejemplo, el principal Ariel Leguizamón de Luca explicó que otros oficiales detuvieron a las personas bajo su custodia, pero que él no había presenciado personalmente los actos de los que se les imputaban. Este tipo de declaraciones inconsistentes se repiten a lo largo de los expedientes y, en muchos casos, los oficiales no pueden corroborar sus afirmaciones cuando son llamados a declarar.
Además, la falta de pruebas tangibles como imágenes o vídeos de los incidentes, y la ausencia de elementos incautados que vinculen directamente a los acusados con los delitos imputados, refuerzan la sensación de una acusación débil y mal fundamentada, de parte del fiscal Carlos Stornelli.
Los imputados enfrentan cargos de "intimidación pública", una figura legal que permite alegar una expectativa de pena alta y justificar la prisión preventiva. Sin embargo, en los casos donde las pruebas son escasas o inexistentes, esta figura se convierte en una herramienta cuestionable. Para los cinco imputados que siguen detenidos, no hay fundamentos claros sobre el supuesto peligro de fuga o entorpecimiento, más allá de las acusaciones basadas en testimonios policiales no corroborados.
El caso del trabajador judicial Gonzalo Duro, detenido durante la movilización, es para prestarle atención. Duro ofreció un relato detallado de su detención y destacó el abuso policial. "El hecho que se me atribuye es un disparate", declaró. "Sería muy tonto de mi parte, como empleado del Poder Judicial, ponerme a tirar piedras y botellas al personal policial, con el cual trabajo habitualmente (...). No es verdad", sostuvo. Según su testimonio, intentó ayudar a una persona herida cuando fue agredido y detenido de manera violenta. Durante su arresto, fue insultado y golpeado por policías, quienes ignoraron sus peticiones de hábeas corpus, un derecho constitucional.
La jueza Servini reconoció la "orfandad probatoria" en su fallo y admitió la falta de evidencias concretas contra los detenidos. No obstante, justificó la continuidad de la investigación, lo que implica que los imputados seguirán bajo la sombra de la acusación sin pruebas claras en su contra. Este enfoque ha sido criticado por organismos de derechos humanos y defensores legales, quienes argumentan que la falta de pruebas debería llevar a la liberación de los detenidos y no a la prolongación de un proceso judicial infundado.
Cómo siguen las causas
La Cámara Federal analizará las apelaciones de aquellos procesados con prisión preventiva, y el futuro de los detenidos dependerá de nuevas decisiones judiciales. Mientras tanto, se espera que continúen las investigaciones sobre las irregularidades cometidas por la policía durante las detenciones, un aspecto que tanto la defensa de los imputados como organismos de derechos humanos consideran crucial.
