La Cámara de Comercio de los Estados Unidos en Argentina (AmCham) aseguró que la aprobación en Senadores de la Ley Bases y el paquete fiscal es un "hito importante", pero que se necesitan hacer más cambios en lo que tiene que ver con marcos regulatorios. En ese sentido, la cámara hizo algunas propuestas para que se puedan incluir en la aprobación final y rechazó la decisión que tomó la Cámara Alta en materia fiscal.
"Este avance otorga al Poder Ejecutivo un respaldo político, permitiendo así avanzar en la transformación de Argentina hacia un país viable", dijo la AmCham en un comunicado. Y agregó: "Si bien sigue siendo crucial que las variables macroeconómicas sean sustentables, esto no es suficiente; es necesario aun implementar cambios en los marcos regulatorios a través de un proceso de reformas que deben contar con el respaldo de los principales actores del país (Congreso, académicos, sindicalistas, empresarios, etc.)".
Esta entidad engloba a más de 715 empresas y aseguró que "ese respaldo es esencial para demostrar que Argentina puede ser un país gobernable, orientado a integrarse al mundo, con políticas de estado superadoras y focalizadas en transformar y normalizar el funcionamiento del Estado".
Las propuestas de la AmCham para ampliar el paquete fiscal
La Cámara estadounidense en Argentina planteó una serie de propuestas para la versión final de la Ley Bases y el paquete fiscal. En cuanto a lo impositivo, una de ellas tiene que ver con los impuestos a los Bienes Personales y Ganancias. "Desde AmCham, observamos con preocupación el rechazo a dos aspectos clave de la sanción del Paquete fiscal: los cambios propuestos por diputados para la determinación del impuesto a los Bienes Personales (Título III) y la restitución de la cuarta categoría del impuesto a las Ganancias (Título V)", dijeron.
En esa misma línea, sostuvieron que "en el caso del rechazo a la reinstalación del Impuesto a las Ganancias, se recortan los recursos fiscales del Estado, tanto provinciales como nacionales, que son indispensables para alcanzar el objetivo de superávit fiscal. Por supuesto hay contribuyentes que se benefician y otros que podrán verse perjudicados, sin embargo, lo que hay que tener en cuenta es que la actual legislación presenta múltiples inequidades, por eso solicitamos a los diputados que insistan con el texto original con media sanción".
Particularmente en lo que respecta a Bienes Personales, opinaron que "la redacción actual afecta a la clase media", imponiendo "un carácter casi confiscatorio". Para revertir eso, le pidieron a los Diputados que "incluyan los cambios planteados, como el pago anticipado a cinco años, la reducción progresiva de alícuotas, la actualización del mínimo no imponible y el valor de la casa habitación deducible, y la reducción de la alícuota para los contribuyentes cumplidores".
Además, criticaron "la eliminación en el proyecto original del artículo 111", que habilitaba al Ejecutivo a "incrementar los recursos públicos en hasta un 2% del PIB" suspendiendo o modificando gastos tributarios, beneficios impositivos y exenciones. Remarcaron que "esta decisión priva nuevamente al Poder Ejecutivo de una herramienta crucial para sustentar el superávit fiscal. Nos sorprende que dicha decisión haya sido votada por unanimidad por los senadores de la LLA, una suerte de contrasentido para un gobierno que resalta entre sus pilares básicos el restablecimiento del equilibrio fiscal".
Las propuestas para la Ley Bases
En lo que a la Ley Bases respecta, hicieron varios aportes. Uno de ellos tiene que ver con la reforma laboral. Creen que "la redacción final aún no genera las condiciones mínimas necesarias" para que se genere un considerable aumento del empleo ni para reducir la cantidad de trabajadores informales.
Luego, mencionaron la aprobación del Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones (RIGI). Consideran que "el listado acotado de las industrias alcanzadas (forestoindustria, infraestructura, minería, tecnología, turismo, siderurgia, petróleo y gas)" es "limitativo e innecesario".
En cuanto a la privatización de empresas estatales, advierten que "esta versión final del proyecto (de excluir a determinadas empresas de la posibilidad de privatización) restringe significativamente la capacidad del Poder Ejecutivo para llevar a cabo una revisión exhaustiva de las empresas públicas". Y cierran: "Muchas de estas empresas han sido señaladas por su carácter deficitario, su gestión ineficiente o por perseguir objetivos que resultan inadecuados o injustificables".
