En una conferencia de prensa, en la que participaron los presidentes de los bloques opositores en el Congreso y los candidatos de Juntos por el Cambio al Consejo de la Magistratura (Luis Juez y Roxana Reyes), la coalición opositora le reclamó a Sergio Massa y Cristina Kirchner que "retomen el camino de la racionalidad y acaten el fallo de la Corte".

Luis Juez, por su parte, destacó que desde JxC no está "mendigando nada" que no les corresponda. Exclamó: "Vamos a pedirle a Cristina Kirchner que cumpla la ley", y contó que, en caso contrario, Juez va a "denunciar penalmente" a la vicepresidenta por "incumplimiento de los deberes de funcionario público". "No estamos pidiendo que nos regale nada que no le corresponde a la oposición", aclaró.

El fallo de la Corte no es opinable, sino acatable.

Humberto Schiavoni, el jefe de la bancada de senadores del PRO, planteó: "El fallo de la Corte no es opinable, sino acatable". Explicó que ellos reiteraron la nota a la presidenta del Senado para que asuma en el Consejo de la Magistratura el representante que le corresponde al PRO por ser segunda minoría. "Queremos instar al presidente de Diputados y a la presidenta del Senado a cumplir con un fallo de la Corte Suprema", comentó. Y concluyo que esta es una situación a la que "no deberíamos estar expuestos los argentinos" ni quienes tienen cargos representativos.

Desde la UCR, Alfredo Cornejo argumentó: "Esta es una posición institucional que deberían acatar tanto Cristina Kirchner como Sergio Massa". Según Cornejo, ellos deberían cumplir con el envío de los representantes al Consejo, ya que son "meros intermediarios". "No está sujeto a la opinión de Cristina o Massa", añadió.

No está sujeto a la opinión de Cristina o Massa.

Previamente, la dirigente de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, le envió una carta a Kirchner y Massa con argumentos y reclamos similares. Según expresó Carrió, los dirigentes del Frente de Todos no tienen "obstáculo judicial, ni legal" para no cumplir con lo que dictó la Corte Suprema. Argumentó que ningún "argumento político" debería prevalecer sobre la constitución para  que ellos no cumplan con lo resuelto por el máximo tribunal del país. 

De acuerdo a la carta de Carrió, no cumplir con la decisión de la Corte Suprema "representa un alzamiento inadmisible contra una sentencia dictada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación". Afirmó que esto sería también "un alzamiento contra el orden constitucional", que podría encuadrarse en "delitos penales".