Luego del pedido del diputado del Frente de Todos Marcelo Cassaretto, el juez federal de Paraná Daniel Alonso prohibió al Congreso asignar a sus representantes para integrar el Consejo de la Magistratura. El argumento es que se quiere aplicar una ley ya derogada, refiriéndose a la sancionada en 1997, antes de que comience a regir la actual, sancionada en 2006.

La medida decretada por el juez Alonso contradice a la Corte Suprema de Justicia, que había ordenado integrar el Consejo de la Magistratura con su conformación original de 20 miembros.

La medida decretada por el juez Alonso–que llegó tan sólo cinco horas después del pedido del Cassaretto, diputado por la provincia de Entre Ríos– contradice a la Corte Suprema de Justicia, que había ordenado integrar el Consejo de la Magistratura con su conformación original de 20 miembros, incluidos los dos legisladores que Alonso prohíbe incorporar.

El conflicto viene de hace unos meses, cuando el máximo tribunal expresó que la ley actual que dicta la conformación del Consejo es anticonstitucional. Dicha ley, sancionada en el 2006,  redujo de veinte a trece los representantes del organismo encargado de controlar a los jueces.

La Corte Suprema había dado al Congreso un plazo hasta el 15 de abril para sancionar una ley le dé una nueva conformación al Consejo de la Magistratura. Aunque ya está aprobada por Senadores, la semana pasada, German Martínez, presidente de bloque del Frente de Todos, había anticipado que no daban los tiempos para que se vote en diputados.

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“Existiendo circunstancias graves y objetivamente impostergables que justifican la protección inmediata del derecho invocado, decreto una medida interina [...] ordenando a la Excma. Cámara de Senadores de la Nación y a la Excma. Cámara de Diputados de la Nación, a través de sus respectivos Presidentes, se abstengan de designar nuevos integrantes del Consejo de la Magistratura hasta tanto se produzca el informe antes dispuesto y, en su consecuencia, esta magistratura se encuentre en condiciones de evaluar en forma definitiva los recaudos específicos de toda cautelar”, justificó Alonso.

Por su parte, Mario Negri, presidente del bloque de la Unión Cívica Radical (UCR) en Diputados, dejó en clara su postura: “El kirchnerismo busca cualquier artilugio para incumplir un fallo de la Corte Suprema de Justicia. Dicho fallo es claro: si el 15 de abril no hubiere nueva ley, se pone en vigencia la de 1997. Desde 1862 la Corte es quien tiene la última palabra cuando se cuestiona la validez de una ley".