Este miércoles, la interventora de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), Cristina Caamaño, puso a disposición de la Justicia 105.000 archivos de audio de escuchas resguardados en el organismo y obtenidas durante el macrismo entre 2016 y 2019, en presunta violación a la Ley de Inteligencia.
"Para mí la orden tenía que venir del Presidente (por entonces Mauricio Macri); el objetivo era escuchar online" como parte del "espionaje ilegal", evaluó la funcionaria en declaraciones a la prensa antes de ingresar a los tribunales federales de Retiro.
Caamaño entregó un escrito al actual juez que lleva la causa por "espionaje ilegal" que hasta el año pasado se investigó en Lomas de Zamora, Marcelo Martínez De Giorgi.
En ese escrito, la interventora de la Agencia Federal de Inteligencia advirtió que "puede verificarse que, en la práctica, las escuchas durante la gestión del expresidente Mauricio Macri, de la mano del Director General (de la AFI), Gustavo Arribas y la Subdirectora General, Silvia Majdalani, volvieron a la órbita de la Agencia Federal de Inteligencia".
Esto implicaría una "flagrante contradicción con lo dispuesto por la Ley N.º 25.520 y su modificatoria, Ley N.º 27.126", se agregó en relación con la Ley de Inteligencia.
¿Cuál es la importancia de estas escuchas?
La existencia de esos archivos había sido informada por la AFI a la justicia de Lomas de Zamora, pero nunca fueron solicitados, pese a que están preservados y "a entera disposición a efectos de coadyuvar en la presente pesquisa", se explicó ahora a Martínez De Giorgi.
Según detalló en el escrito y explicó la funcionaria a la prensa, esas escuchas se obtuvieron mediante un sistema "punto a punto" que la gestión del macrismo en la AFI implementó con la Dajudeco, el organismo a cargo de las escuchas judiciales que depende de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
"Es preciso resaltar que la información que se ordenó resguardar forma parte de un procedimiento gestionado enteramente por las máximas autoridades de este Organismo entre los años 2016 y 2019", se destacó en el escrito.
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A través del entonces Servicio Jurídico de la AFI "se requerían intervenciones telefónicas ante los magistrados a cargo de distintas investigaciones".
Posteriormente, "diligenciaban la autorización judicial pertinente ante la Dirección de Captación de Comunicaciones del Poder Judicial de la Nación (Dajudeco), para finalmente recibir el material a través de un sistema de contenido de audios y transcripciones que funcionaba en un servidor ubicado en el Organismo".
