El Colegio de Abogados de la Cuidad de Buenos Aires (CACBA) manifestó su rechazo a la marcha contra la Corte Suprema convocada para el próximo 1° de febrero en la Plaza Lavalle.

A través de un comunicado, la entidad se refirió a la manifestación organizada por el juez nacional Juan Ramos Padilla, Luis D'Elía y organizaciones kirchneristas, con el apoyo ministros y otros funcionarios nacionales, en la que pedirán la renuncia de “los cuatro cipayos con Toga para construir un Nuevo Poder judicial al servicio de todas y todos los Argentinos”.

“El ataque sistemático al Poder Judicial resulta un evidente artilugio demagógico para sembrar la duda en la población acerca de si los jueces son independientes o no, cuando lo que resulta institucionalmente correcto es que se ejerciten los mecanismos constitucionales para juzgar -en su caso- la conducta de estos jueces que se invocan como inidóneos para el ejercicio de la magistratura”, reza el comunicado, en el que también se informó que la institución adhiere a la marcha del 3 de febrero, a las 19, frente al Palacio de Tribunales ”para defender la independencia judicial”.

El ataque sistemático al Poder Judicial resulta un evidente artilugio demagógico para sembrar la duda en la población acerca de si los jueces son independientes o no.

Sobre quienes adhieren a la marcha

Advirtieron que la adhesión a esta convocatoria popular en repudio del Poder Judicial, por parte de funcionarios del Poder Ejecutivo y Legislativo de la Nación, "desde ya implica una situación de inusitada gravedad institucional, sobre la cual debemos alertar a toda la ciudadanía en pos del sostenimiento de las instituciones republicanas".

El texto llama "a la reflexión de quienes adhieren a esta convocatoria" y recuerda que "la Constitución Nacional expresamente veda al pueblo deliberar o pretender gobernar sino por medio de sus representantes y autoridades creadas por ella. Constituyendo delito de sedición quienes se reúnan atribuyéndose los derechos del pueblo y peticionen a nombre de éste".

Además, indica que el objetivo de quienes adhieren y convocan "se encuentra en pugna con expresas normas legales y aunque no se configure en definitiva el resultado deseado por quienes lo están pergeñando, la sola atribución de los derechos del pueblo, genera un impacto en la sociedad que repudia este tipo de maniobras".

Sobre el Poder Judicial

Sobre el máximo tribunal, el Colegio de Abogados porteño afirma que "desde antaño sostiene que 'los derechos que emanan de las cláusulas constitucionales han de conciliarse con los deberes que éstas imponen o que en otras se establecen, de manera que no se pongan en pugna sus disposiciones y se logre darles aquel sentido que las concilie y deje a todas con valor y efecto'".

[La marcha] implica una situación de inusitada gravedad institucional, sobre la cual debemos alertar a toda la ciudadanía en pos del sostenimiento de las instituciones republicanas.