El Tribunal Supremo del Reino Unido impidió que el presidente venezolano Nicolás Maduro acceda a lingotes de oro depositados en el Banco de Inglaterra, valorados en unos 1.600 millones de euros.
La Justicia de Gran Bretaña anunció que reenviarán al fuero comercial el caso sobre las toneladas de oro venezolano guardadas en el Banco de Inglaterra, cuyo control se disputan Maduro y el líder opositor Juan Guaidó, a quien el gobierno de Boris Johnson considera como el líder legítimo del país.
De esta manera, el máximo órgano judicial británico remitió el caso a la División Comercial del Tribunal Superior para que determine en última instancia a quién se autoriza la entrega del oro. Como se resolvió que los tribunales británicos no pueden contradecir al ejecutivo, por más que no se llegó a una definición, se trata de una victoria parcial para Guaidó.
Ambas partes designaron comités de gestión del Banco Central de Venezuela (BCV), que, según los británicos, "han dado instrucciones divergentes". Guaidó, quien es reconocido por más de 50 países como el presidente legítimo, quiere que el oro permanezca en las bóvedas del Banco de Inglaterra. Por su parte, Maduro demandó al Banco de Inglaterra para que se liberen los fondos.
La Justicia británica no puede contradecir al Poder Ejecutivo, que considera a Guaidó como presidente legitimo de Venezuela. Por esto, el reclamo de Maduro quedaría sin efecto.
Los abogados del presidente en ejercicio argumentan que la venta del metal precioso al gobierno podría ayudar a financiar la lucha contra el COVID-19, entre otras cosas. El líder opositor, en cambio, asegura que el dinero serviría para reprimir a la ciudadanía pueblo, para pagar a los aliados extranjeros que apoyan a su régimen, o simplemente para alimentar una “cleptocracia”.
Al conocer el fallo, el gobierno venezolano emitió un comunicado en el que aseguraron que la decisión “impide el derecho del Estado venezolano a disponer, a través del Banco Central de Venezuela (BCV), de parte de sus reservas internacionales depositadas en el Banco de Inglaterra”.
Además, aseguraron que el dictamen "violenta las normas del derecho internacional público, del orden constitucional venezolano y de la legislación británica, al tiempo que representa graves riesgos para las inversiones que la comunidad internacional ha confiado en el sistema financiero del Reino Unido”.
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Por su parte, Guaidó festejó la decisión: "Continuaremos dedicados a ejercer nuestro deber constitucional de proteger los activos de la República para las generaciones futuras y promover elecciones presidenciales libres y justas en Venezuela".
