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Política

Peiti, empresario del juego rosarino, declaró que pagó 250.000 dólares en sobornos a políticos

Leonardo Peiti se presentó este jueves a la audiencia judicial donde se pedirá una condena contra él mismo por dirigir una serie de emprendimientos de apuestas ilegales. Uno de los principales argumentos detrás de esta sentencia son sus propias declaraciones. Peiti confesó que pagó enormes sobornos a policías, fiscales y políticos para desarrollar su actividad.

Lo más fuerte de su confesión es la relación entre Peiti y Armando Traferri, un senador provincial del Partido Justicialista. Según declaró Peiti, este le entregó 250 mil dólares a Traferri para financiar su campaña y convencer al gobierno provincial de concederle la habilitación de algunas salas de juego legal en Santa Fe.

Habré puesto unos 200 mil dólares que le di a Traferri. Él no me los pidió, pero yo se los fui dejando para la campaña, y él se los llevaba".

"Habré puesto -declaró Peiti- unos 200 mil dólares que le di a Traferri". Siguió: "Él no me los pidió, pero yo se los fui dejando para la campaña, y él se los llevaba". La fiscalía, por su parte, confirmó los encuentros entre Peiti y el senador provincial. Peiti le daba el dinero en busca de legalizar, a favor suyo, el juego en Rosario. Peiti había logrado llegar a tener una reunión con el exgobernador Miguel Lifschitz, quien despachó la idea rápidamente, ya que "el socialismo no quería apoyar el desarrollo del juego", según contó Peiti.

El senador provincial Armando Traferri.

Aparentemente, luego de ese rechazo, Traferri le prometió ayudarlo a legalizar el juego digital, siempre y cuando Omar Perotti ganase las elecciones. A partir de entonces, Peiti comenzó a darle enormes sumas de dinero en dólares al político santafesino. Sin embargo, finalmente, el gobierno de Perotti le dio las licencias del juego online a otro grupo, que ya gestionaba los casinos de Rosario, Santa Fe y Melincué.

Debido a las declaraciones de Peiti, y su colaboración con la investigación de otros delitos, se acordó una pena de seis años, con tres de prisión efectiva, para el empresario. Además, deberá pagar una multa de 48 millones de pesos, y 17 millones más por unos lotes de terreno en el barrio Tierra de Sueños de Casilda y dos vehículos.