Alberto Fernández acompañó en la Asamblea General de la OEA, un proyecto de Resolución avalado por Estados Unidos y otros países que condena las elecciones en Nicaragua que facilitaron la reelección presidencial de Daniel Ortega.

El voto de la Argentina junto a Estados Unidos, Canadá, Brasil, Chile, Perú, Paraguay, Colombia, Ecuador, Costa Rica, Uruguay, El Salvador, Granada, Guatemala, Guayana, Haití, Jamaica, Panamá, Surinam, Trinidad & Tobago, Venezuela (la representación está en manos de Juan Guaidó), Antigua y Barbados, Dominica, Barbuda y República Dominicana significa una reformulación de la política exterior.

Hasta ahora, la Argentina había mantenido una postura de acuerdo al principio de no injerencia en los asuntos internos de los países. Alberto Fernández pensaba que se violaba ese principio del derecho internacional, si la OEA cuestionaba las elecciones presidenciales que se hicieron el pasado 7 de noviembre.

Sin embargo, luego de las evidencias recogidas por la OEA, que probaron la sistemática violación de derechos humanos en Nicaragua, la posición de la Argentina frente a la situación se vio modificada.

La resolución

La Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA) aprobó hoy una resolución para realizar "una evaluación colectiva inmediata" sobre la situación política y el desarrollo del proceso electoral en Nicaragua, y durante el debate de la iniciativa, Argentina reafirmó su "compromiso con la defensa de los derechos humanos", según indicaron fuentes de Cancillería.

La decisión de realizar esta evaluación se tomó en el marco del período 51 de sesiones ordinarias de la OEA que se realizó en Guatemala, y se aprobó con 25 votos (entre ellos el de Argentina), uno en contra y siete abstenciones.

El proyecto de Resolución establece el 30 de noviembre como plazo máximo para tomar “las acciones apropiadas” contra Nicaragua por haber ejecutado una farsa electoral que benefició al líder sandinista Daniel Ortega. Y propone que el Consejo Permanente haga “una evaluación colectiva inmediata de la situación (nicaraguense), de conformidad con la Carta de la Organización de los Estados Americanos y la Carta Democrática Interamericana”.

El Consejo Permanente debe presentar su evaluación colectiva no más allá del 30 de noviembre, y a partir de esa fecha perentoria, una asamblea extraordinaria de la OEA tendrá que decidir la sanción contra Nicaragua. Esa puede implicar la suspensión de Nicaragua en la OEA hasta que modifique sus acciones totalitarias, que incluyeron la detención arbitraria de los principales candidatos de la oposición y la manipulación de los comicios realizados el 7 de noviembre para forzar la cuarta reelección presidencial consecutiva del comandante Ortega.

El documento completo

“LA ASAMBLEA GENERAL DE LA ORGANIZACIÓN DE LOS ESTADOS AMERICANOS:

RECORDANDO la Carta Democrática Interamericana, que establece que “los pueblos de las Américas tienen derecho a la democracia y sus gobiernos tienen la obligación de promoverla y defenderla”;

CONSCIENTE de las resoluciones y mandatos adoptados desde 2018 que instan al mantenimiento y fortalecimiento de las instituciones democráticas y los derechos humanos en Nicaragua, y de los múltiples esfuerzos de la OEA para colaborar constructivamente con el Gobierno de Nicaragua, a fin de ayudar con el diálogo político y la reforma electoral;

PROFUNDAMENTE PREOCUPADA que el Gobierno de Nicaragua ha ignorado todas las recomendaciones de la OEA y, según informes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH), ha hostigado, restringido y arrestado a candidatos, partidos, medios independientes y sociedad civil en el proceso electoral, en contradicción con los artículos 2 y 3 de la Carta Democrática Interamericana;

ALARMADA por las conclusiones de la CIDH, en su informe “Nicaragua: Concentración de Poder y Debilitamiento del Estado de Derecho”, publicado el 25 de octubre de 2021, que señala que “también se estableció un estado policial” a través de represión, corrupción, fraude electoral e impunidad estructural diseñados por el Gobierno para lograr su “perpetuación indefinida en el poder y el mantenimiento de privilegios e inmunidades”;

RESUELVE:

1. Deplorar que las iniciativas diplomáticas y técnicas emprendidas desde el 5 de junio de 2018 por la Organización de los Estados Americanos para promover la democracia representativa y la protección de los derechos humanos en Nicaragua no han tenido éxito por haber sido ignoradas o rechazadas rotundamente por el Gobierno de Nicaragua.

2. Declarar que, en las evidentes circunstancias, las elecciones de 7 de noviembre en Nicaragua no fueron libres, justas ni transparentes y no tienen legitimidad democrática.

3. Concluir que, con base en los principios establecidos en la Carta de la OEA y la Carta Democrática Interamericana, las instituciones democráticas en Nicaragua han sido seriamente socavadas por el Gobierno.

4. Reiterar sus llamamientos anteriores para la liberación de todos los candidatos y presos políticos, la restitución de sus derechos democráticos, y el fin inmediato de la detención y hostigamiento de los medios de comunicación independientes y miembros de la sociedad civil.

5. Instruir al Consejo Permanente que realice una evaluación colectiva inmediata de la situación, de conformidad con la Carta de la Organización de los Estados Americanos y la Carta Democrática Interamericana, a ser completada a más tardar el 30 de noviembre y que tome las acciones apropiadas”.