La Fiscalía General de Bolivia acusó formalmente a la expresidenta de facto Jeanine Áñez "por hechos calificados provisoriamente como genocidio, lesiones graves" y "lesión seguida de muerte", en el contexto del golpe de Estado contra Evo Morales.

La autoridad fiscal aseguró que el requerimiento acusatorio presentado por el Ministerio Público en relación a los hechos que provocaron la muerte de 20 personas y varias decenas de heridos, se funda en los principios de "objetividad y transparencia", en el desarrollo de la etapa de acumulación de antecedentes prevista en la Ley 044, del país.

Los hechos

El expresidente Evo Morales renunció el 10 de noviembre de 2019 ante una "sugerencia" de jefe de las Fuerzas Armadas, tras 21 días de protestas callejeras, de un amotinamiento policial y en medio de denuncias de irregularidades en el recuento de las elecciones presidenciales del mes anterior.

Áñez, que entonces era la vicepresidenta segunda del Senado, asumió la Presidencia dos días después. Lo hizo en una polémica sesión sin quórum debido al boicot del partido de Morales, el Movimiento al Socialismo (MAS).

En diciembre de 2019, la OEA emitió un informe final sobre los comicios del 20 de octubre en el que denunció tácticas "deliberadas" y "maliciosas" para inclinar las elecciones hacia Morales pero dos análisis independientes separados rechazaron las afirmaciones y desestimaron el análisis estadístico sobre el que se basaban.

Las masacres de Sacaba y Senkata

37 manifestantes murieron en noviembre en la represión de protestas contra el golpe de Estado en las ciudades de Sacaba y Senkata por parte de fuerzas de seguridad que habían recibido garantías de inmunidad por parte de Áñez.

Añez está bajo prisión preventiva desde su detención, el 13 de marzo de este año, en Beni. Entonces, la exmandataria era sindicada por sedición y terrorismo, por los hechos que desencadenaron en la renuncia de Evo Morales, en noviembre de 2019.