"Sin aborto legal no hay Ni Una Menos", fue uno de los sloganes que acompañaron las marchas del 3 de junio durante los últimos seis años. "Educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar, aborto legal para no morir", se comenzó a gritar desde el 2005. Ahora, con la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) No 27.610 sancionada en diciembre, se presentan nuevos retos.
La ley fue sancionada por el Congreso en diciembre de 2020 y promulgada en enero de este año. En ese marco, el Ministerio de Salud nacional elaboró un nuevo protocolo para reemplazar así al de "atención integral de las personas con derecho a la interrupción legal del embarazo (ILE)".
"'Sin aborto legal no hay Ni Una Menos' se decía porque el aborto ilegal, clandestino e inseguro era, es lindo decirlo en pasado, la principal causa de muerte de mujeres gestantes. Todas las experiencias internacionales indican que las muertes se reducen a cero cuando el aborto es legal", explicó la referente de la Campaña Nacional por el Aborto Legal, Seguro y Gratuito Celeste Mac Dougall.
El aborto ilegal, clandestino e inseguro era, es lindo decirlo en pasado, la principal causa de muerte de mujeres gestantes".
La historiadora y especialista en Educación Sexual Integral asegura que se sienten cambios desde la sanción hace cinco meses, uno de ellos es el desarrollo de "Abortar en Red", una aplicación que "viene a complementar la información que está presente en la página Red de profesionales de la salud por el derecho a decidir, que cuenta con un recursero a nivel nacional en donde se garantizan interrupciones voluntarias del embarazo hoy y hasta diciembre interrupciones legales del embarazo.
"Tuvimos un encuentro federal con las compañeras con las que armamos la campaña y vemos muchísimos avances, que en realidad fueron construidos con anterioridad", destacó.
"Nosotras conseguimos la aprobación de la ley teniendo dos cosas logradas previamente. Primero un nivel de consenso social generalizado y una conciencia respecto del derecho generalizada. Nadie puede ejercer un derecho si no es consciente de ello", que se consiguió gracias a la difusión de información y al debate público.
Cabe destacar que la línea 0800-222-3444 de salud sexual y reproductiva del Ministerio de Salud de la Nación recibió entre enero y febrero de este año (últimas estadísticas disponibles) 3781 consultas por IVE/ILE.
"También llegamos habiendo construido una Red de Profesionales de la Salud por el Derecho a Decidir y de docentes con presencia en todo el país. Ahí tenés dos instancias del sistema de lo público, de la educación y la salud donde las niñas, adolescentes y personas adultas acceden a información y garantía del derecho con anterioridad a la sanción ley IVE. Con la ley sancionada, ese mecanismo es mucho más sencillo", detalló.
Sin embargo, con la legalización llegó el desafío de la ejecución. Por ejemplo, la gerente asistencial del Hospital SAMIC de Oberá, Myriam Ramonda anunció que todos los profesionales del equipo de Obstetricia de la institución se habían declarado objetores y que no se iban a realizar prácticas de IVE allí. Solo atenderán interrupciones legales del embarazo en casos de peligro para la gestante o una violación.
"Los desafíos son varios. Ahora lo que necesitamos es que haya mifepristona y que la ANMAT la reconozca como tal. Que haya derecho a abortar pero sin sufrimiento, porque si bien el misoprostol sirve para realizar abortos, la mifepristona se complementa para tener interrupciones voluntarias del embarazo que no sean dolorosas. También AMEU, que es la otra forma de realizarse abortos para quienes no quieren estar pasando por un proceso de expulsión y de sangrado y quieren hacerlo en un centro de salud", explicó.
"Falta educación y capacitación para los profesionales de la salud. Faltan modificaciones en los contenidos de la ESI respecto de no abordar el aborto como una problemática sino como un derecho y falta también que en los lugares donde hay mucha presencia de objetores de conciencia se garanticen las prácticas", finalizó.
