Un matrimonio de enfermeros en Santiago del Estero se dedicaba a robar vacunas para venderlas y aplicarlas en su casa a un costo de entre $20.000 y $30.000 por cada dosis. Ambos están detenidos.
Los acusados son Dante Daniel Díaz, enfermero que tenía acceso al depósito de vacunas Sputnik V y Angélica Coronel, con vivienda en Manzana 19, Lote 22 del Barrio San Germes, al sur de la capital santiagueña.
El enfermero se dedicó a robar pequeñas cantidades de dosis. Sin embargo, un día le mintió al personal del Ejército Argentino que custodia el ultrafreezer, que fue instalado en el Ministerio de Salud provincial, que tenía que reingresar un lote de vacunas que habían sido devueltas. Allí, confiado en que en ese lugar las cámaras no funcionaban, colocó una caja y cerró sin accionar la llave. Al irse la guardia abrió la puerta, sacó la caja y la lleno de vacunas.
Luego de ver las imágenes de las cámaras, las más altas autoridades provinciales, la Jefa de Inmunización, Florencia Coronel, realizó la denuncia, aportó las grabaciones e inmediatamente se ordenó la detención del matrimonio de enfermeros, ordenando, al mismo tiempo, varios allanamientos en distintas viviendas de la capital santiagueña que permitieron recuperar las vacunas.
En la vivienda del complejo habitacional San Germes se encontraron 268 dosis de vacunas Sputnik V, 14 dosis de vacunas Sinopharm y 1 dosis de vacuna Covishield. Además, se secuestraron 510 dosis de diferentes vacunas que no serían contra el contra el coronavirus.
Todas las dosis fueron trasladadas por personal del Ejército Argentino bajo estrictos protocoles de no interrupción de cadena de frío y ya están nuevamente en el Ministerio de Salud.
También fueron secuestrados un arma de fuego, tipo revólver, numerosos insumos de enfermería como jeringas, agujas, guantes descartables, barbijos, bolsas de residuos patógenos, libretas sanitarias de vacunación antiCovid-19 en gran cantidad, cremas para la piel, cánulas de oxígeno y distintos tipos de documentación. Se llegó a la conclusión que en dicho domicilio funcionaba un consultorio de vacunación clandestino. Fuentes de la investigación la dijeron a La Nación que las personas que fueron vacunada, pagando entre $20.000 y $30.000.
Otro hallazgo que arrojó el allanamiento fue el secuestro de $734.500 pesos en efectivo, el cual se presume es parte de lo abonado por quienes pagaron por estas vacunas.
Desde la investigación, impulsada por la Fiscal Erika Leguizamón, aseguran que “una vez que se determine la identidad de quienes fueron inoculados se procederá a su detención”. La caratula de la causa es “Hurto Agravado y Adulteración de Sustancias Medicinales (Art. 163. Inc. 5 y Art. 200 del CP) en perjuicio del Estado Provincial”.
