Por Jairo Straccia
Un medicamento llamado Aldactone, que se usa para reducir la tensión arterial, volvió a cambiar de precio esta semana en las farmacias de todo el país. En su presentación de 25 miligramos por 30 comprimidos, pasó a valer $1710,71, cuando en enero costaba $1198,74. Se trata de un incremento del 42% en menos de cuatro meses, un salto que llama la atención no sólo porque casi cuadruplica la inflación promedio en el período, sino porque no recibió ninguna objeción del gobierno nacional.
Otro hipertensivo, el Amloc, también actualizó sin problemas su precio a $3471,31 en la presentación de 10 miligramos por 60 comprimidos. En enero costaba $2867,20. En este caso se trata de un salto del 21%, casi 10 puntos porcentuales por arriba de lo que está subiendo el costo de vida promedio. Tampoco hubo nada de ruido.
Ambos fármacos son producidos por Pfizer, que mientras es apuntado por el Gobierno como un ariete del capitalismo sanitario yankee por sus manejos con las vacunas recibe el ok de la misma administración para liderar una política silenciosa en tiempos de pandemia: permitir que los laboratorios nacionales y extranjeros aumenten los precios al público más, a veces mucho más, que la inflación.
El año pasado se había partido en dos: un primer semestre de congelamiento, seguido de una segunda mitad del año de descongelamiento brutal, algo que se viene acelerando en el primer cuatrimestre de 2021.
Más allá del humo
A todo esto, la vacuna de Pfizer y BionTech que se aplica masivamente en Estados Unidos y llega a cuentagotas a América latina, se ha transformado en una bandera más de la pelea política en la Argentina, tras una negociación que antes de interrumpirse ofreció distintos recortes posibles según el consumo de cada espacio político y de cada periodista que cubra el tema.
Hay para los que buscan alimentar que fue todo parte del mismo tongo habitual con la industria local, hay para decir que es otro pifie de una administración onda “vamos viendo” que no da pie con bola. Y hay para decir que hubo una postura firme de un gobierno que no se dejó abusar por una multinacional mientras el país hacía apuestas jugadas en el tablero de la geopolítica.
Hasta donde se puede reconstruir, hubo de todo
Al principio, hubo un gobierno muy predispuesto a conseguir esa vacuna. Así, en julio firmó el acuerdo para hacer en el Hospital Militar el ensayo clínico con el mayor número de participantes a nivel mundial. Tenía el sueño de lograr prioridad en el acceso al bien más preciado del planeta. Ingenuidad oficial o mala leche privada: el 28 de diciembre, Pfizer -que prefiere no hacer comentarios a la prensa- le contestaría a un grupo de diputados opositores algo que puede interpretarse como que hubo una confusión o como que lisa y llanamente traicionó al Gobierno:
La realización del estudio clínico en la Argentina fue una decisión independiente de las negociaciones respecto a la provisión de la vacuna”. Un beso a los voluntarios.
Pero aquella apuesta oficial fue tal que el Poder Ejecutivo elaboró un proyecto de ley de inmunidad para todo el sector pero que nació casi a medida de la farmacéutica. El Gobierno reconoce una mala gestión posterior al dejar que su propio bloque -específicamente la diputada Cecilia Moreau- modifique ese mismo texto sin percibir las consecuencias negativas para el acuerdo que se buscaba. El cambio también lo había pedido desde Juntos por el Cambio, Graciela Ocaña. Así fue que se incluyó una excepción a la inmunidad en casos de negligencia, malicia o fraude, términos que alarmaron a la compañía. La revelación esta semana en el diario Clarín del contrato que Pfizer firmó con Brasil por 100 millones de dosis muestra que allí se contempló la inmunidad aún en casos de posible negligencia.
El tema es que todo ese ida y vuelta empezó a coincidir con un creciente lobby interno para no avanzar tan rápido, a medida que asomaba la chance de un convenio que pintaba más masivo y con vínculos más aceitados como la propuesta del siempre atento Hugo Sigman, del Grupo Insud, con AstraZeneca, y mientras también se construía el puente político desde el gobierno bonaerense hacia el Instituto Gamaleya de Moscú. Pero ojo: poco se dice que ese cambio de expectativas calzó justo con un momento en que Pfizer se dio cuenta de que no conseguiría el flujo que prometía y entonces no estaba tan seguro de poder vender como en un principio.
Y sí, hacia el final de las negociaciones existió la resistencia liderada por la secretaria de Legal y Técnica, Vilma Ibarra, a los famosos “pedidos inaceptables” de la empresa. Hubo dos reuniones cara a cara con el CEO local de Pfizer, Nicolás Vaquer, un ejecutivo que pasó de la confianza inicial que lo llevó a agarrar hasta la representación de la cámara de todos los laboratorios extranjeros, CAEME, a la desazón final frente a una postura más dura desde la casa matriz que no le dejaba margen de acción.
Esas reuniones -las últimas hasta ahora- ocurrieron entre fines de 2020 y comienzos de este año. Fueron cordiales pero tajantes. “Salven el tema de la negligencia”, pidió el gerente de legales de Pfizer. “Lo podemos salvar para todo lo que es la prueba y el uso de la vacuna”, respondieron en el Ejecutivo. “Necesitamos que haya inmunidad también en casos de problemas con la logística”. “Tenemos que analizarlo”. Después, la empresa pidió: “Busquen un seguro internacional”. “Pónganlo en el precio y lo pagamos”, le contraofertó el Estado. “No, búsquenlo ustedes”, volvió la pelota. Semanas después, el Gobierno dice que lo consiguió. Ahí llegó el pedido de incluir alguna “cobertura soberana”, algún bien público, para garantizar el contrato. Fue.
Lo interesante es que tirarse con el sueño contrafáctico de Pfizer es una historia que está lejos de apagarse, sobre todo ahora que el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, le dio vía libre a que las provincias se lancen a negociar con todos los productores del mundo, incluido el monstruo con sede en Brooklyn. La Capital Federal ya se anotó.
Imaginate si un dirigente de Juntos por el Cambio consigue media cajita de esa vacuna: no le harán falta PASO para sentirse el líder de su espacio.
La hora de las multis
La pelea grosa en este momento es otra.
Unas 20 multinacionales están pulseando con el Ministerio de Salud para poder traer al país las dosis necesarias para inocular a unos 10 mil empleados. El viernes le estallaba el teléfono a la economista Sonia Tarragona, funcionaria clave del equipo de la ministra Carla Vizzotti, con planteos al respecto.
Los ejecutivos dicen que sus casas matrices ya compraron las dosis necesarias a Pfizer y que solo tendrían que girarlas al país para inocular al personal, como planean hacerlo en todo el mundo. Algunos también tienen de AstraZeneca. Dicen que son vacunas aprobadas en el país, que le permitirían al Estado ahorrarse dosis en su plan de vacunación y que sólo es cuestión de resolver la disposición que dice que la importación debe estar a cargo del laboratorio que obtuvo el okey de Anmat.
En el Gobierno no están tan convencidos. Creen que primero debería reglamentarse esa operatoria según la ley de vacunas del año pasado para darle forma a cualquier intervención del sector privado.
Pero además algunos en el Ministerio de Salud hacen otra observación: consideran que si una compañía vacuna a su personal de entre 18 y 60 años mientras todavía hay adultos mayores o personal de salud sin recibir su dosis se generaría una situación de inequidad.
Como una especie de vacunación VIP.
Je.
