En el primer año de pandemia se recrudeció la violencia de género y se contabilizaron casi 300 femicidios. Hoy, las cifras siguen siendo alarmantes: en lo que va del 2021, más de 50 mujeres mujeres fueron asesinadas a causa de la violencia machista. Según los datos del Observatorio Ahora Que Sí Nos Ven, una mujer es asesinada cada 27 horas en Argentina.
El mes pasado, el femicidio de Úrsula Bahillo resonó en la localidad bonaerense de Rojas y en la sociedad entera. Su caso reúne una serie de violencias que dan cuenta de las fallas del sistema judicial en materia de género: la joven de 18 años había radicado múltiples denuncias contra su ex pareja y agente de la Policía Bonaerense, Matías Ezequiel Martínez, pero aún así fue asesinada.
Los mensajes y capturas de pantalla difundidos por sus amigos los días posteriores evidencian el abandono estatal y la revictimización a los que se suelen exponer las mujeres en situación de violencia cuando intentan pedir ayuda: “Úrsula avisó, fuimos a hacer la declaración y les chupó un huevo. Nos dieron un papel de mierda y nada más y hoy mi amiga está muerta. Ojalá se haga justicia por ella y por todas”, tuiteó una de sus amigas.
Úrsula aviso, fuimos a hacer la declaración y les chupo un huevo nos dieron un papel de mierda y nada más y hoy mi amiga está MUERTA. Ojalá se haga justicia por ella y por todas. Perdón ursu por no poder haber echo más pic.twitter.com/mWtrIBqr6z
— M ♊ (@MiliiAlmiron) February 9, 2021
Ni Una Menos: hacia los seis años de lucha
En el país del Ni Una Menos, el punto de quiebre que marcó el inicio de las movilizaciones contra la violencia de género fue el femicidio de Chiara Páez, la adolescente de 14 años asesinada por su pareja en 2015. Desde entonces, los nombres y las historias siguen acumulándose. Mientras que en el primer trimestre de ese año hubo un total de 9867 llamados a la Línea 144 de Contención, Información y Asesoramiento Para Prevenir la Violencia de Género, en el 2020 se recibieron 108.403 comunicaciones totales.
Sin embargo, la falta de perspectiva de género en los tribunales durante los procesos judiciales suele resultar en la imposibilidad de que las familias atravesadas por un femicidio obtengan algún tipo de cierre. Según el Registro Nacional de Femicidios de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN), en 2019 se identificaron 252 víctimas directas de femicidio y al menos 266 sujetos vinculados a estos casos, pero al 31 de diciembre solo 3 se encontraban cumpliendo sentencia condenatoria firme alojados en unidad carcelaria.
El 4 de abril de 2021 se cumple un año de la desaparición seguida de femicidio de Cecilia Basaldúa, una mochilera de 35 años asesinada en Capilla del Monte, Córdoba. Sus padres siguen reclamando que se esclarezca el crimen: a través de un hilo de Twitter, su hermano denunció que la fiscalía no está investigando y que la policía es cómplice del encubrimiento de los responsables. Al día de la fecha hay solo un detenido, sin pruebas.
A pesar de que había trascendido un audio de una testigo misteriosa relatando lo que habría pasado la noche de la desaparición de la joven, no fue posible identificarla y se concluyó que era falso. La última persona en ver a Cecilia con vida, Mario Gabriel Mainardi, nunca fue procesada. A su vez, la dealer que contactó a Basaldúa con Mainardi, Viviana “La Rasta” Juárez, sigue guardando silencio.
Micaela y Brisa: dos avances en materia legislativa
A raíz de las demandas de los movimientos feministas y de gran parte de la sociedad civil, en 2018 fueron promulgadas dos leyes para empezar a revertir algunas de estas falencias en nuestro país: Micaela y Brisa. Ambas llevan el nombre de dos mujeres atravesadas por la violencia de género: una joven de 21 años y una niña de 3.
Micaela García era una joven militante del Movimiento Evita y del Ni Una Menos. Fue asesinada por Sebastián Wagner, condenado a prisión perpetua en 2017. A pesar de que el femicida ya tenía antecedentes de abuso sexual, había sido puesto en libertad por Carlos Rossi, juez de Ejecución de Penas de Gualeguaychú. La norma dispuesta al año siguiente establece la capacitación obligatoria en género en los tres poderes del Estado Nacional, para todos los niveles y jerarquías.
Desde otro punto de análisis, la Ley Brisa alude a una niña que perdió a su madre a manos de su padre, Iván Adalberto Rodríguez. Brinda una reparación económica equivalente a una jubilación mínima a los hijos de víctimas de femicidios. Esta pensión incluye una cobertura integral de salud hasta los 21 años de edad y tiene carácter vitalicio en caso de que sean personas con discapacidad.
Estamos en emergencia
Casi seis años después del primer estallido social masivo en repudio de la violencia de género, la tendencia no va a la baja y los números preocupan. Los últimos reportes indican que 52 mujeres fueron asesinadas durante enero y febrero del 2021. De ese total, 9 habían realizado la denuncia previamente, como Guadalupe Cural, asesinada en Villa La Angostura por su ex pareja. Bautista Quintriqueo la había amenazado de muerte 48 horas antes del crimen y tenía una orden de restricción.
Antes de ser detenido, Quintriqueo intentó suicidarse y volvió a hacerlo una vez hospitalizado. Estuvo internado cinco días hasta que falleció en el Hospital Regional Ramón Carillo. Según los abogados de la familia de Guadalupe, la causa ahora irá contra los funcionarios públicos que no accionaron ante las denuncias de la joven.
Ninguno de estos casos son historias aisladas: el 71 por ciento de los femicidios fue cometido por las parejas o ex parejas de las víctimas. A su vez, el 65 por ciento ocurrió en sus propias viviendas. En cinco de los casos, el femicida era policía, y en tres, militar.
Si vivís situaciones de violencia o conocés a alguien que esté en esa situación, podés comunicarte con la Línea 144 de forma gratuita, por mail a [email protected]) o través de la aplicación.
